Nicaragua vs Estados Unidos

El caso

El caso conocido como Irán-contras o Irangate, que sacudió el gobierno del ex presidente estadounidense Ronald Reagan, giró en torno de la venta clandestina de armas por parte de los Estados Unidos a Irán, entre 1985 y 1986, y el desvío de ese dinero para financiar a los contras de Nicaragua, que peleaban por derrocar al sandinismo, el gobierno izquierdista de ese país. El informe del Congreso estadounidense sobre el tema concluyó que la responsabilidad final de los sucesos investigados recaen sobre el presidente Reagan. La venta de armas a los iraníes formaba parte de una negociación para la liberación de rehenes estadounidenses que estaban retenidos en el Líbano, en el conflictivo Oriente Medio. El dinero que saldría como beneficio de esas operaciones sería destinado a los contras, que luchaban por derrocar al presidente nicaragüense y líder de la Revolución Sandinista de 1979, Daniel Ortega. Las dos operaciones (negociar con Irán y financiar a los contras) contaban con una prohibición explícita del Congreso estadounidense. El comandante Ortega había derrocado al régimen nicaragüense de Anastasio Somoza y era considerado una seria amenaza por el gobierno republicano de Reagan. En un plan en el que tuvo una activa participación el coronel Oliver North, miembro destacado del Consejo de Seguridad Nacional de Reagan, la Casa Blanca vendió armamento al régimen islámico de Irán en momentos en que era considerado uno de los peores enemigos de los Estados Unidos. El caso constituyó un duro golpe para el gobierno de Reagan, y el fin de la carrera de North. El coronel, sin embargo, recibió apenas una condena simbólica cuando fue juzgado por el caso, años después.

FUENTE: Clarín, 13/3/1999

Nicaragua vs. Estados Unidos

El 9 de abril de 1984, el gobierno de Daniel Ortega solicitó ante la Corte Internacional abrir un proceso judicial contra Estados Unidos por actividades violatorias del derecho internacional. La solicitud, además, peticionaba a la Corte dictar medidas provisionales de protección. Específicamente, pedían que la Corte ordenara el cese inmediato de todo apoyo de Estados Unidos al grupo de paramilitares denominados “contra”.

La Corte Internacional sentenció en favor de Nicaragua, pero los Estados Unidos se negaron a respetar la decisión argumentando que aquella no tenía jurisdicción sobre el caso. Después de la decisión de la Corte, los Estados Unidos retiraron su declaración de aceptar la jurisdicción obligatoria de la Corte.

El gobierno Sandinista probó ante la Corte el ataque perpetrado por unos 6.000 “contras” en territorio nicaragüense en marzo de 1984 y el minado de los principales puertos de Nicaragua con el objetivo de aislar económicamente al país y donde resultaron dañados buques de propiedad holandesa, panameña, soviética, japonesa y británica. Esto, además del abierto esfuerzo de la administración Reagan para obtener 21 millones de dólares para apoyar las actividades de los “contras” para lo cual intercambiaron armas en Irán y generó el denominado “Irangate” que terminó siendo un delito dentro de los Estados Unidos.

Para 1989, el costo de los daños económicos causados por la guerra civil en Nicaragua se calculaba en 17 mil millones de dólares, en concepto de destrucción de infraestructura (puentes, torres de transmisión de electricidad, represas, centros de salud, de educación y producción agrícola, etc.) y sus consecuencias económicas. Las víctimas se calculan en más de 38.000 personas y la Corte Internacional ordenó a los Estados Unidos pagar la referida indemnización, pero se negaron a cumplir con lo ordenado.

El 3 de noviembre de 1986, la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó una resolución para presionar a los Estados Unidos a pagar la condena de 17 millones de dólares a favor de Nicaragua. Únicamente El Salvador e Israel, cuyos gobiernos son fuertes aliados de los Estados Unidos, votaron en contra.

FUENTE: El día que los sandinistas le ganaron a USA, de Braulio Jatar